Nulidad canónica de matrimonio. Ajuste al Derecho estatal. STS 23 de marzo de 2005

Del trabajo publicado por :
Sofía de Salas Murillo

Nulidad canónica de matrimonio. Ajuste al Derecho estatal. STS 23 de marzo de 20051

OBJETO Nulidad canónica de matrimonio. Eficacia civil de sentencia dictada por Tribunal Eclesiástico. Ajuste al Derecho estatal.

PARTES Don Abelardo (recurrente) contra  Doña María Ángeles (recurrida)

PONENTE Excmo. Sr. D. IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA

FALLO Ha lugar al recurso.

DISPOSICIONES LEGALES ESTUDIADAS:

Aunque no aparezcan explicitados todos en la sentencia, el art. 80 CC, el art. 954 LEC 1881, los arts. 748.5º y 778 LEC 2000 y el art. VI.2 del Acuerdo sobre asuntos jurídicos entre la Santa Sede y el Estado Español de 3 de enero de 1979.

La posible eficacia civil de una sentencia canónica de nulidad de matrimonio debe partir de la aconfesionalidad del Estado Español por lo que se hace preciso, sin excepción alguna, que dicha resolución canónica cumpla las condiciones a que se refiere el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.

El examen de fondo a que obliga una de ellas, a saber, el respeto o no contradicción con el orden público de la sentencia cuyo reconocimiento se pretende, solamente se extiende “a constatar si las declaraciones de la sentencia dictadas conforme al Derecho canónico no están en contradicción con los conceptos jurídicos y disposiciones equiparables o análogas del Derecho estatal”, esto es, si no contradicen el orden público interno integrado por “principios no solo jurídicos públicos y privados, sino también políticos, económicos, morales e incluso religiosos y hasta supranacionales”; ello exige, en definitiva, que no resulte “perjudicado o alterado el sistema de libertades públicas y derechos fundamentales del ciudadano español”. En esto caso se entiende que no se da dicho perjuicio, ya que en el plano del Derecho interno, el compromiso o aceptación de la indisolubilidad del matrimonio no impide al ciudadano promover su disolución ejercitando la acción personal de divorcio que tendrá, si prospera, plenos efectos civiles. No se está ante resoluciones inconciliables, porque sus consecuencias jurídicas no se excluyen recíprocamente, en la medida en que los efectos civiles del divorcio no resultan alterados o modificados por la posterior declaración canónica de su nulidad. Sin que por otra parte, la reserva mental hecha por el recurrente a la perpetuidad del vínculo, pueda hacer efecto alguno en lo anteriormente proclamado.

Don Abelardo y Doña María Ángeles contrajeron matrimonio canónico el 1 de septiembre de 1974. En 1997 dicho matrimonio es declarado nulo por sentencia del Tribunal Eclesiástico del Obispado de Getafe, de 30 de julio, que es confirmada por Decreto del Tribunal de la Rota de la Nunciatura, de 13 de noviembre de ese mismo año. No consta quién interpuso la demanda de nulidad canónica. Sí, que fue Don Abelardo quien solicitó ante el Juzgado de Primera Instancia de Parla el reconocimiento de la eficacia civil de dicha sentencia. El 6 de julio de 2000, el Juzgado dicta sentencia en la que declara no ajustada al Derecho del Estado, y por tanto, ineficaz en el orden civil, la citada sentencia canónica. La demandada se hallaba en esta instancia en situación de rebeldía procesal. El actor interpuso recurso de apelación, que fue desestimado por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 22ª) en sentencia de 2 de octubre de 2001. Formalizó entonces el actor el recurso de casación con apoyo procesal en los arts. 477.2, tercero y 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Al margen de la deficiente técnica casacional empleada, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, ordenando dictar otra en la que se reconozcan efectos civiles a la sentencia canónica. De los fundamentos jurídicos se deduce que a la sentencia canónica precedió una sentencia civil de divorcio. Asimismo, se infiere la causa de la nulidad canónica: la reserva mental dada por el recurrente a la perpetuidad del vínculo.

PRIMERO.- Ante todo, en el presente caso hay que destacar la escasísima técnica casacional que ha empleado la parte recurrente en el planteamiento del actual recurso -se dedica a hacer una serie de alegaciones sin observar lo dispuesto en los artículos 477 y 479 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y lo basa en el artículo 477-2 y 477-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-; pero por mor del principio fundamental de la tutela judicial efectiva, que también se ha tenido en cuenta para la admisión del recurso, y a la doctrina jurisprudencial citada en el recurso se entrará en el estudio del mismo. Se ha de entender que este recurso tiene como base un interés casacional – artículo 477-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, ya que hablar de cuantía es inaceptable.

Dicho lo anterior es ahora el momento preciso de traer a colación los datos fácticos de la actual contienda judicial que se centran en la solicitud que hace Abelardo, ahora recurrente en casación, para el reconocimiento de la eficacia civil de la sentencia dictada por el Tribunal Eclesiástico del Obispado de Getafe, con fecha de 30 de julio de 1997, por la que se declaraba la nulidad del matrimonio canónico contraído entre dicho Abelardo y María Ángeles -ahora recurrida en casación- el 1 de septiembre de 1974, resolución confirmada por Decreto del Tribunal de La Rota de la Nunciatura, de 13 de noviembre de 1997. La doctrina de esta Sala en relación a la tesis casacional planteada, afirma que, efectivamente, para dar eficacia civil con los efectos oportunos a una sentencia canónica de nulidad de matrimonio, hay que partir de una base incuestionable, como es la aconfesionalidad del Estado Español, principio establecido en el artículo 16-2 de la Constitución Española que no hace otra cosa que recoger lo proclamado en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la O.N.U., de 10 de diciembre de 1948, que proclama la libertad religiosa de una manera absoluta.

Pues bien, teniendo en cuanta que una cosa es reconocer a la Iglesia Católica las atribuciones propias de una jurisdicción en materia matrimonial, como se establece en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, y otra, muy distinta, dar eficacia incuestionable en el orden civil de las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico, pues para este último supuesto será preciso, sin excepción alguna, que dicha resolución canónica sea conforme a las condiciones a que se refiere el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Ya que la cooperación del Estado con la Iglesia Católica no implica automatismo en el reconocimiento de las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos (Sentencia del Tribunal Constitucional 66/1982, de 12 de diciembre). Dicho lo anterior, y para el presente caso hay que decantarse por la estimación del recurso -no se puede hablar de motivo casacional- y conceder la eficacia civil solicitada.

En efecto, como dice el Ministerio Fiscal, la doctrina jurisprudencial precisa que el examen de fondo a que obliga el requisito del respeto o no contradicción con el orden público de la sentencia cuyo reconocimiento se pretende, solamente se extiende “a constatar si las declaraciones de la sentencia dictadas conforme al Derecho canónico no están en contradicción con los conceptos jurídicos y disposiciones equiparables o análogas del Derecho estatal” (SSTS 1-7-1994; 5-3-2001), esto es, si no contradicen el orden público interno integrado por “principios no solo jurídicos públicos y privados, sino también por políticos, económicos, morales e incluso religiosos y hasta supranacionales” (STS 23-11-1995), en definitiva por los principios constitucionales y rectores del matrimonio según el derecho interno del foro.

Si se entiende que el control de homologación no se proyecta sobre el derecho sustantivo aplicado -en igual sentido el reglamento (C.E.) 137/2000, del Consejo, de 29 de mayo de 2000, cuyo ámbito alcanza también a las resoluciones de los Tribunales Eclesiásticos cuando median Acuerdos o Tratados particulares- no cabría cuestionar la causa de nulidad aplicada que incide en un elemento esencial coincidente en ambos ordenamientos como es el consentimiento. Y si el problema se enfoca, como es necesario, en el plano del orden público matrimonial es más que dudoso que se dé la contradicción que declara el Tribunal de instancia, pues no se advierte en qué medida resulta así “perjudicado o alterado el sistema de libertades públicas y derechos fundamentales del ciudadano español” (STS 8-3-2001). En el plano del Derecho interno, el compromiso o aceptación de la indisolubilidad del matrimonio no le impide promover su disolución ejercitando la acción personal de divorcio que tendrá, si prospera, plenos efectos civiles.

Todo lo cual conduce a dar la eficacia civil procedente de la sentencia del Tribunal Eclesiástico de Getafe que declaró la nulidad matrimonial en cuestión, ya que lo contrario supondría negar virtualidad a los Acuerdos vigentes con la Santa Sede de 3 de enero de 1979, en concreto lo determinado en su artículo VI. Pero sobre todo, porque en la Constitución Española se proclama la disolubilidad del matrimonio que serviría de base para dar eficacia a la sentencia canónica reseñada, prescindiendo si el derecho canónico permita o no tal disolubilidad; y sin que se pueda tampoco tener en cuenta en el que el cónyuge solicitante haya tenido una vida matrimonial más o menos larga, ni tampoco a la edad de los hijos matrimoniales.

Y además hay que decir la posibilidad de otorgar reconocimiento a las sentencias de nulidad matrimonial o a las dispensas pontificias de matrimonio rato de matrimonios que ya han sido disueltos por precedentes sentencias civiles de divorcio, situación que se da en este caso, no ha sido rechazada por esta Sala (SSTS 23-11-1995, y 5-3-2001). Pues, en efecto, y como se desprende de la citada jurisprudencia, no se está ante resoluciones inconciliables, no tanto por faltar la identidad objetiva cuanto porque sus consecuencias jurídicas no se excluyen recíprocamente en la medida en que los efectos civiles del divorcio no resultan alterados o modificados por la posterior declaración canónica de su nulidad. Sin que por otra parte la reserva mental dada por el recurrente a la perpetuidad del vínculo, pueda hacer efecto alguno en lo anteriormente proclamado.

En conclusión, y como ya se ha dicho la sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial emanada de las sentencias de esta Sala, que ya han sido especificadas con anterioridad.

SEGUNDO.- En el presente caso no se hará expresa imposición de las costas procesales ni en la primera instancia, ni en la apelación ni en este recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 394, 397 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

1. La sentencia que me dispongo a analizar confirma una línea jurisprudencial que podemos calificar de consolidada y que viene representada por las SSTS de 1 de julio de 1994, 23 de noviembre de 1995, y dos sentencias del año 2001, separadas por tan sólo tres días de diferencia (del 5 y 8 de marzo). El problema al que responden estos pronunciamientos es el del reconocimiento de eficacia civil a las sentencias dictadas por Tribunales eclesiásticos en materia de nulidad matrimonial, cuando la causa en virtud de la cual se dictan no coincide con las causas previstas en el ordenamiento civil. Tal es el caso de esta sentencia, en la que el motivo de nulidad canónica es la exclusión mental por parte de uno de los contrayentes del elemento de perpetuidad del vínculo, lo que contrasta con nuestro ordenamiento jurídico civil, que tras la reforma de 1981, y especialmente la de 2005, contempla la disolubilidad del mismo como una especial característica del matrimonio civil.

El engranaje de ambas piezas (causa de nulidad canónica y contenido del Código civil español) pasa por el análisis del mecanismo de reconocimiento de las sentencias canónicas que aparece en el art. 80 del Código civil, fruto de la citada reforma de 1981. Su redacción reproduce el texto del art. VI.2 del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 (Instrumento de ratificación, BOE de 15 de diciembre), que dispone que “Los contrayentes, a tenor de las disposiciones del Derecho Canónico, podrán acudir a los Tribunales eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado. A solicitud de cualquiera de las partes, dichas resoluciones eclesiásticas tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Tribunal civil competente”. El texto del Código civil añade el importante inciso “…conforme a las condiciones a las que se refiere el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento civil”. Es decir, se remite al sistema de exequatur regulado en los arts. 951 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, provisionalmente en vigor en virtud de la Disposición Derogatoria Única 1. 3º de la Ley 1/2000, hasta que entre en vigor la futura Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil. Como es sabido, según el art. 954 “las ejecutorias tendrán fuerza en España si reúnen las circunstancias siguientes: 1. Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal; 2. Que no haya sido dictada en rebeldía; 3. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España. 4. Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieran para que haga fe en España”.

Para los detalles del procedimiento había que acudir a la Disposición Adicional segunda de la Ley 30/1981, de 7 de julio, precepto que como su propia investidura formal revela, tenía en un principio un carácter provisional. Literalmente se establecía “en tanto no se modifique la LEC”, expresión ésta inexacta pues, como advierte Garcimartín Montero, nada había en la LEC de 1881 que, modificado pudiera sustituir a esas Disposiciones Adicionales; sin duda se estaba aludiendo a una reforma de la LEC en la que se incluyera la regulación de los procesos matrimoniales [Garcimartín Montero, C., “Problemas procesales del reconocimiento de eficacia civil de las resoluciones matrimoniales canónicas”, en ADEE, 2003, págs. 333-362]

Es la ya no tan nueva Ley de enjuiciamiento civil de 2000 la que por fin, regula dichos procesos matrimoniales en el capítulo IV del Titulo I, Libro IV y en concreto prevé un mecanismo ad hoc en los arts. 748.5º y 778, en los que, con criterio loable se prescinde de la diferencia entre la oposición o no que pudiera plantear uno de los cónyuges, sobre la que giraba el procedimiento de la Disposición Adicional y que tantos problemas planteaba [una visión completa del tema puede encontrarse en Cañamares Arribas, “La eficacia obstativa de la oposición al reconocimiento civil de las resoluciones canónicas”, en Aranzadi civil, nº 5/2000, págs. 15 a 33]. El actual art. 778 LEC distingue dos supuestos, según se haya pedido o no la adopción o modificación de medidas: “1. Si no se pide en la demanda la adopción o modificación de medidas, el Tribunal dará audiencia por plazo de diez días al otro cónyuge y al Ministerio Fiscal y resolverá por medio de auto lo que resulte procedente sobre la eficacia en el orden civil de la resolución o decisión eclesiástica. 2. Cuando en la demanda se hubiere solicitado la adopción o modificación de medidas, se sustanciará la petición de eficacia civil de la resolución o decisión canónica conjuntamente con la relativa a las medidas, siguiendo el procedimiento que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 770”.

Presentado el marco normativo, el problema fundamental reside, como es de suponer, en descifrar el significado concreto de ese ajuste al Derecho del Estado del que hablan el precepto codicial y el concordatario, como requisito necesario para que la sentencia canónica tenga eficacia en el orden civil.

Contamos por una parte, con numerosas sentencias sobre el concepto mismo de ajuste, que forman un corpus jurisprudencial consolidado y uniforme, que a su vez, ha merecido la atención de la doctrina. Por otra parte, el propio procedimiento al que se remite el Código civil (el del art. 954 LEC) para comprobar si se da el ajuste, nos puede dar importantes luces sobre el contenido de éste.

Abstractamente considerado, ajuste sugiere —en el aspecto sustantivo— igualdad o coincidencia, aunque también conceptos más amplios como coherencia o similitud. Veamos cuál es el significado que le han dado jurisprudencia y doctrina.

El auténtico leader case en esta materia es la STS de 23 de noviembre de 1995, Sala 1ª (RJ 1995/8433) [comentada por Javier Ferrer Ortiz en “La eficacia civil de las resoluciones matrimoniales canónicas”, Revista de Derecho Privado págs. 480-504, junio 1996], en la que el TS aborda en profundidad el alcance del ajuste al Derecho del Estado. Anteriormente se había pronunciado entre otras, en las SSTS de 10 de marzo de 1992 (RJ 1992/2014) y de 1 de julio de 1994 (RJ 1994/6420). En la sentencia de 1995 se reafirma y profundiza en la doctrina sentada por las sentencias anteriores.

Esta postura que podemos calificar de mayoritaria —también en el ámbito doctrinal— entiende que ajuste no significa revisión de fondo de la resolución eclesiástica. Es decir, no supone que el juez civil tenga que inquirir si coincide o no con la que hubiera recaído de haberse aplicado las causas civiles de nulidad y disolución (arts. 73, 85 CC y complementarios), pues ello vaciaría de contenido el art. 80 CC, la DA 2ª de la Ley de 1981, y por supuesto, los propios Acuerdos de 1979.

Encontramos pronunciamientos bien tempranos referidos al mismo supuesto de hecho de la sentencia de 2005 —nulidad por exclusión mental del elemento de indisolubilidad— que siguen esta línea. Así, Autos como el de 7 de diciembre de 1981, del Juzgado de 1ª Instancia nº 22 de Madrid, o el de 16 de julio de 1982 del mismo Juzgado, que declaran ajustadas al Derecho del Estado sentencias canónicas de nulidad por exclusión unilateral del elemento de perpetuidad. En el mismo sentido, el Auto de 11 de  noviembre de 1985 de la Audiencia Territorial de Valencia, confirma la ejecutividad de una sentencia canónica por reserva mental unilateral, señalando que la verificación formal de la resolución como auténtica debe entenderse en el sentido de que los motivos acogidos por el Tribunal eclesiástico no sean “contrarios o prohibidos por el orden público en el Derecho del Estado”, pero sin mayores facultades para extender tal homologación a una “correspondencia exacta y fiel de la causa acogida a una correlativa del Código civil”. Además, la simulación por reserva mental viene acogida en la causa 1ª del art. 73 CC “matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial”, por lo que en definitiva, en estos supuestos no hay tanta divergencia entre ambos ordenamientos, pues en última instancia podría ser reconducido a este caso de ausencia de consentimiento. Visto desde otra óptica, lo que produce efectos civiles es el matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico; si no se respetan, porque se simula un matrimonio que no es tal —al no aceptar íntegramente las características de este ordenamiento—, no hay matrimonio canónico que reconocer. Todo ello parece estar en la base de los razonamientos del Tribunal.

Posteriormente, no son pocos los pronunciamientos del Tribunal Supremo en los que se aclara que el juez civil no debe exigir coincidencia literal entre las causas de nulidad canónica y las causas de nulidad civil, que siempre han sido distintas y lo eran en la fecha del Acuerdo (y después), por lo que, como ha recordado la STS de 1 de julio de 1994, no parece que los firmantes del mismo tuvieran presente tal coincidencia. Dicha coincidencia se exige, en todo caso, tal y como afirma la sentencia, en los principios esenciales ínsitos en las respectivas normativas sobre nulidad. Es evidente que de exigir una correspondencia exacta, nunca tendrían eficacia civil las resoluciones sobre matrimonio rato y no consumado (del que se ocupa precisamente la STS de 1995) ni tampoco las declaraciones de nulidad por causas diferentes a las del CC (como el caso recogido en la sentencia de 2005 que estamos comentando), lo cual violaría, cuanto menos, los Acuerdos de 1979 suscritos y mantenidos por el Estado español.

¿Cuál es entonces la labor del juez civil? La de la comprobación de que la resolución canónica no choca con el orden público español, además, por supuesto, del cumplimiento de los requisitos del art. 954 LEC, que por otra parte y como veremos, la propia Ley adjetiva exige como requisito al hablar de la licitud de la causa.

En este sentido, la STS de 1 de julio de 1994 aclaró que “…el juicio de homologación … se ciñe a dos extremos concretos: a) autenticidad de la sentencia firme, esto es comprobación o verificación de su validez extrínseca o, en otras palabras, que el documento es veraz y no falso o falsificado, y b) adecuación de la sentencia (en su contenido) al Derecho del Estado, lo cual comporta un examen de fondo que sólo se extiende a constatar si las declaraciones de la sentencia,  conforme al Derecho canónico, no están en contradicción con los conceptos jurídicos y disposiciones equiparables o análogas del derecho estatal de manera que no se vea perjudicado o alterado el sistema de libertades públicas y derechos fundamentales del ciudadano español” (FJ 3º). Por su parte, la STS de 23 de noviembre de 1995 sintetiza —en expresión repetida por sentencias posteriores— que el “…ajuste al Derecho del Estado se produce sobre la base de concurrencia de las condiciones formales para el reconocimiento de las sentencias extranjeras, con el plus que presenta su no contradicción a los principios jurídicos públicos y privados de nuestro Ordenamiento de Estado en su síntesis exponencial de orden público interno, sustantivo y procesal y con el cumplimiento necesario de derecho a la tutela judicial que acoge el artículo 24 de la Constitución” (FJ 1º).

El carácter de concepto jurídico indeterminado del “orden público” se acentúa en el sentido de que, como declara la citada sentencia de 1995, “… por su propia naturaleza, se presente variable y flexible, conforme a las circunstancias y realidades sociales (Sentencias de 5 abril 1966 [RJ 1966/1684] y 31 diciembre 1979 [RJ 1979/4499]), al conformarse por principios no sólo jurídicos públicos y privados, sino también por políticos, económicos, morales e incluso religiosos y hasta supranacionales, que hay que preservar para el mantenimiento de la paz y orden social en toda su amplitud, y a su vez en atención a su relatividad por causa de la concepción social-política de cada momento histórico”.

En materia matrimonial, el orden público se revela especialmente sensible a estos cambios sociales. Así, mientras en tiempos no tan lejanos servía como límite para no reconocer en España sentencias de divorcio dictadas por Tribunales extranjeros, actualmente está sirviendo como base para reconocer por ejemplo, los efectos jurídicos del matrimonio en España del transexual extranjero cuya legislación nacional es prohibitiva en este punto, o para no admitir la inscripción en España de un matrimonio poligámico. Merece la pena —aunque se trate de una breve digresión— dejar constancia de algunos de estos razonamientos provenientes de, en este caso, la Dirección General de los Registros y el Notariado.

Así, para la DGRN es claro que la posibilidad de cambio de sexo de las personas es un principio básico e irrenunciable del Derecho civil español, de modo que por indicación de la misma Constitución Española de 1978, que protege el libre desarrollo de la personalidad, todo sujeto, sea español o extranjero, debe tener la posibilidad de cambiar su sexo. En consecuencia, “Cuando la Ley extranjera, como es el caso de la Ley costarricense, no admite el cambio de sexo en ningún caso, dicha Ley no debe ser aplicada por los Tribunales españoles (art. 12.3 Cc.), que en su lugar han de aplicar la Ley española”. Y ello, como dice la DGRN, aunque no hubiera referencia explícita a la cláusula de orden público internacional, puesto que entonces se pone en movimiento el denominado orden público internacional oculto [RDGRN de 24 de enero de 2005].  En dirección contraria, y referido a la pretendida inscripción de un segundo matrimonio (polígamo) celebrado en Marruecos con una ciudadana marroquí cuando el solicitante tenía esa misma nacionalidad ha afirmado la DGRN que “aunque este segundo enlace sea válido para el ordenamiento marroquí, y en principio, haya que aplicar en este punto el estatuto personal de los contrayentes, es claro que la Ley extranjera aplicable…según nuestras normas…, ha de quedar aquí excluida por virtud de la excepción de orden público…que no puede admitir la inscripción de un matrimonio poligámico, que atentaría contra la concepción española del matrimonio y contra la dignidad constitucional de la mujer” [RDGRN de 20 de febrero de 1997 y otras posteriores].

Volviendo al tema que nos ocupa, y a la doctrina emanada del Tribunal Supremo en su labor de determinación de lo indeterminado, éste alude a la doble acepción, positiva y negativa, del concepto orden público. Empezando por el negativo, la homologación se producirá cuando la sentencia no se presente “plenamente desajustada para generar un rechazo total” (FJ 1º). Se trata de que la causa canónica, como ha dicho el prof. Albaladejo en cita ya célebre, “no choque, o no se oponga, o no sea inaceptable, o no atente contra el Derecho del Estado, es decir, que éste no la rechace. Es, pues, ilícita sólo la causa de nulidad canónica cuya admisión iría contra el Derecho español” [reproducida recientemente en Compendio de Derecho civil, 12ª ed., 2004, pág. 530].

También cabe encontrar un sentido positivo del orden público al que alude el Tribunal Supremo en la repetidamente citada sentencia cuando dice que “…el referido orden ha de estar no sólo al servicio del Estado sino preferentemente al de los ciudadanos y sus derechos inviolables, uno de los cuales es el matrimonio canónico, por estar expresa y legalmente reconocido”, así como que “…ha de tenerse en cuenta la libertad religiosa y de cultos que consagra el artículo 16 de la Constitución, coincidente con el 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU (10 de diciembre de 1948). Al resultar acomodado al orden público interno la celebración de matrimonio canónico, que el Código Civil prevé en sus artículos 49 y 60 con reconocimiento de efectos civiles -y consiguiente reenvío a las normas canónicas-, los particulares que en uso de su libertad de conciencia acceden libre y conjuntamente a dicha forma de unión sacramental, lo hacen con la plenitud de sus efectos y consecuencias, lo que se traduce en que la voluntad respetada de los cónyuges para optar por la forma religiosa se proyecte también al momento de extinción del matrimonio, cuando es decretado con las debidas garantías y formalidades por la autoridad religiosa competente para ello, sin que la voluntad del legislador deba ser obstativa y tenga que imponerse necesariamente para anular la de los contrayentes, cuando no resulta incidencia constatada en el orden público interno, ni choca frontalmente contra los principios generales de nuestro Ordenamiento Jurídico. Entenderlo de otro modo llevaría tener que remontarse a situaciones de mala fe o de fraude a cargo del Estado al hacer inoperante el Acuerdo con la Santa Sede en los supuestos de matrimonio rato y no consumado” (STS de 23 de noviembre de 1995, FJ 1º). Doctrina reiterada en sentencias posteriores como la de 8 de marzo de 2001 (RJ 2001/2600) o la que es objeto del presente comentario, entre otras.

A la luz de estas consideraciones, la denegación de la eficacia sólo debería producirse en primer lugar, cuando exista un previo pronunciamiento civil sobre el mismo matrimonio contradictorio con la decisión eclesiástica cuya ejecución civil se solicita: v.gr. se solicitó la nulidad civil por una causa prevista en el Código civil, y posteriormente se insta otro proceso nulidad canónica, por una causa equivalente (prevista en el la legislación canónica) con intención de obtener un pronunciamiento diverso por la parte que quedó insatisfecha con la sentencia civil. En segundo lugar, debe rechazarse de plano la homologación, si eventualmente la sentencia canónica o/y su procedimiento previo no respetaran los derechos fundamentales, señaladamente el principio constitucional que prohíbe la indefensión con todas sus consecuencias, que el TC ha ido deduciendo del art. 24 de la Constitución. Y por supuesto, cuando no se cumplan las condiciones que veremos impone el art. 954 LEC. Todo ello hace deducir a la doctrina que la labor del juez se circunscribe a un control formal de la resolución eclesiástica, sin entrar en el fondo, y en especial, en las posibles diferencias en cuanto a las causas de nulidad [por todos, Ferrer Ortiz, “Comentarios al artículo 80”, en Matrimonio y divorcio. Comentarios al Título IV del Libro primero del Código civil (coord. Lacruz Berdejo), 2ª ed., Civitas, Madrid, 1994, págs. 809 a 818].

Frente a la postura mayoritaria que acabo de describir, no faltan quienes entienden debe haber una previa calificación del fondo del asunto, que exige prácticamente la identificación in abstracto entre las causas de nulidad canónica y las de nulidad civil. Concebido de ese modo el ajuste, si la causa de nulidad en virtud de la cual se dicta la sentencia canónica no se reconoce como tal en el ámbito civil, dicha sentencia carecería de efectos civiles. En el ámbito doctrinal ha sido defendida por autores como González Campos sobre la base de que, de lo contrario, por vía del reconocimiento de eficacia de las resoluciones eclesiásticas se haría una extensión injustificada de las causas de nulidad del art 73 CC [González Campos, “Nota a la SAP de Sevilla, de 3 de abril de 1990, REDI, 1991, 2, págs. 519 y 520]. No obstante, los autores que apoyan esta postura son conscientes de que ello requeriría la reforma del régimen vigente o, cuando menos, la revisión de los Acuerdos en este punto [Bercovitz, R., “La ejecución de sentencias eclesiásticas de separación matrimonial por la jurisdicción civil después de la Constitución”, REDC, 1981, 3, págs. 158 y ss.; Guzmán Zapater, “Novedades en materia de reconocimiento de resoluciones eclesiásticas sobre nulidad matrimonial”, Aranzadi civil, nº 13/2002, pág. 2153]

Aun siendo la posición minoritaria y sin apoyo en la jurisprudencia del TS, es importante reflejarla aquí porque parece ser la base del pensamiento de la Audiencia Provincial, en el caso del que nos ocupamos, cuando en la sentencia recurrida en casación [SAP Madrid, Sección 22ª, de 2 de octubre de 2001] rechaza la apelación sobre la base de que “La expresión de que la resolución eclesiástica se declare “ajustada al Derecho del Estado” hay que entenderla, por tanto, en su significación literal. …Y así siendo principio esencial del ordenamiento constitucional, y, por, ende, civil, la disolubilidad del matrimonio, no puede aceptarse conforme a dicha normativa una resolución basada en un ordenamiento cuyo principio esencial es el opuesto, al que, sorprendentemente, por otra parte, se acoge el ahora apelante, tras 11 años de vida matrimonial y el nacimiento de dos hijos, de 26 y 23 años de edad, razonamientos éstos que determinan el rechazo del recurso planteado y conllevan la confirmación de la sentencia recurrida” (FJ 2º). La Audiencia Provincial cita la STS de 23 de noviembre de 1995, y el orden público interno como límite para autorizar o denegar la homologación, pero lo interpreta en el sentido de que “…el matrimonio, según la C.E., tiene un carácter de temporalidad y disolubilidad”, y en consecuencia, entiende que “la creencia acertada sobre tales características no puede ofrecer relevancia alguna para anular el contrato matrimonial”. Motivo por el cual deniega la eficacia civil de la resolución canónica. Téngase en cuenta que este pronunciamiento de la instancia es dejado sin efecto por la sentencia del TS, pero refleja el parecer de un sector doctrinal que ha de ser reseñado.

Ya hemos dicho que el reconocimiento en el orden civil de las sentencias canónicas no se verifica de modo automático, sino que el Código civil remite en su art. 80 al procedimiento de homologación previsto para el reconocimiento de sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales extranjeros. Es fácil imaginar la divergencia doctrinal en la valoración del citado procedimiento en sí mismo, íntimamente relacionada con el fundamento del reconocimiento en España de las sentencias canónicas y la naturaleza de la jurisdicción eclesiástica.

Respecto al fundamento del reconocimiento, unos lo fijan el propio acto de homologación, aunque no falta quien entiende que el reconocimiento de las sentencias encuentra su fundamento no en el procedimiento en sí, sino en los propios Acuerdos de 1979, que al estar suscritos por España, forman parte de su Derecho interno [cfr. la extensa bibliografía al respecto recogida en Ferrer Ortiz, “Artículo 80” nota (52) y en Guzmán Zapater, nota (6)].

Por otra parte, respecto al propio procedimiento, algunos autores afirmaban que no nos hallamos ante un auténtico exequatur sino ante un juicio de verificación previo a la orden de ejecución, que es, en último término, lo que pretende el solicitante. La labor del juez civil consiste, según esta opinión, en comprobar que se trata, efectivamente, de una resolución eclesiástica sobre nulidad de matrimonio canónico, dictada en un proceso iniciado a instancia de uno de los contrayentes, cuya eficacia civil también ha sido solicitada por uno de ellos. A ello deberían añadirse —apuntaba De Diego-Lora en 1979— las normas que se dictasen en el futuro para adecuar el Código civil a lo acordado bilateralmente, así como las normas procesales y registrales que pudieran aprobarse en el mismo sentido. Otros autores, como Reina, descartaban incluso la aplicación de la cláusula de orden público o de los principios supremos del orden constitucional, que ya debieron ser tenidos en cuenta a al hora de negociar, firmar y ratificar el Acuerdo [todo ello, así como otras posturas doctrinales, en Ferrer Ortiz, “La eficacia civil de las resoluciones matrimoniales canónicas”, cit., págs. 486 y ss.].

Frente a estas posturas, actualmente parece haber unanimidad en considerar que se trata de un procedimiento no idéntico aunque sí análogo al de las sentencias extranjeras. En este sentido, puede advertirse que la remisión del art. 80 CC no se hace a requisitos del art. 954 sino a condiciones, que es un término mucho más amplio y flexible. Además, la Disposición Adicional segunda citada no hace referencia al citado artículo de la LEC, todo lo cual lleva a pensar —como han afirmado López Alarcón y Navarro-Valls— que “la referencia del artículo 80 a la ley procesal es puramente analógica, esto es, que no se trata de equiparar de modo absoluto la sentencia canónica a la extranjera, pues en aquélla concurren unos condicionamientos legales, concordados unos, de ejecución interna otros, que acentúan la disimilitud entre una y otra. Esto fuerza a concluir que las condiciones del artículo 954 hay que interpretarlas a la luz de la mens legislatoris que subyace en el sistema entero, teniendo en cuenta su específica lógica interna, que es propiciar al máximo la tutela jurisdiccional de los derechos individuales [López Alarcón y Navarro-Valls, “Artículos 73 a 80”, en Comentarios al Código civil, dirigidos por Rams Albesa, tomo II, vol.2º, J.M. Bosch, editor, Barcelona, 2000, págs. 740 y 741; también emplean expresamente el término procedimiento análogo, Díez-Picazo y Gullón, Sistema de Derecho civil, IV, 9ª ed. Tecnos, Madrid, 2004, pág. 119; no hacen estas distinciones, sino que lo equiparan sin más a las sentencias dictadas por un tribunal extranjero, Cordón Moreno, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento civil, vol. II, Aranzadi, Pamplona, 2001, págs. 620 y ss.]. En esta línea, el propio Tribunal Supremo dice que “Efectivamente se trata de una efectiva homologación de resolución foránea, pero con acusadas especialidades, y no precisamente de homologación de fondo para decretar su desautorización, cuando lo que procede es el examen y consiguiente declaración de si se ajusta al Derecho del Estado…”[STS de 23 de noviembre de 1995, FJ 2º]. Lógicamente no es éste el lugar para profundizar en esta cuestión, pero sí para saber que la decisión concreta que se adopte se enraizará consciente o inconscientemente en alguno de estos planteamientos.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se puede entrar ya en el análisis de las señaladas condiciones que ha de cumplir la sentencia canónica para tener efectos en el ordenamiento jurídico civil español.

1. La primera de ellas —“1ª. Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal”— va de suyo en la propia acción de nulidad del matrimonio.

2. La segunda es que la ejecutoria “no haya sido dictada en rebeldía”. Aquí se plantean los primeros problemas, pues no es infrecuente que el demandado no concurra al proceso. En el caso de la sentencia de 2005 que analizamos, la demandada se encontraba en situación de rebeldía procesal, que nos conste, en las instancias civiles. No hay suficientes datos para saber si también lo estaba en el proceso canónico, pero por relación, nos hemos de plantear el valor que en su caso hubiera tenido dicha rebeldía.

Por el tipo de proceso en el que nos hallamos, la ausencia de parte puede deberse a la simple negligencia o a cualquier causa imputable al ausente, pero también puede deberse a cuestiones que podríamos calificar de ideológicas: el demandado, habiendo sido citado y emplazado por la jurisdicción canónica, no comparece por no reconocer, según sus propias creencias o convicciones, ese tipo de jurisdicción. No podemos olvidar que, en tercer lugar, la no comparecencia también puede tener su origen en maniobras fraudulentas que obedecen al propio interés.

Al primer tipo de rebeldía, digamos, no ideológica, se ha referido la jurisprudencia para afirmar que lo que pretende el art. 954.2º es la observancia del principio jurídico procesal de que nadie puede ser condenado en juicio sin previa oportunidad de audiencia  (Autos TS de 1 de junio y 12 de diciembre de 1983). Evidentemente, si tal oportunidad ha sido ofrecida en tiempo y forma a la parte ausente, ello no impide la correspondiente homologación civil. En este sentido, recordemos el distinto alcance de la rebeldía en el proceso penal y el civil: así como en el proceso penal nadie puede ser condenado sin ser oído, en el proceso civil la condena no puede darse sin dar al demandado la posibilidad de ser oído, lo que supone que si, emplazado en tiempo y forma, no comparece, como dispone el art. 442.2 LEC “…se le declarará en rebeldía y, sin volver a citarlo continuará el juicio su curso”.

Son la segunda y la tercera las que plantean más problemas: es decir, cuando se trata de una decisión voluntaria del demandado de no comparecer en la causa por no reconocer la jurisdicción, y por supuesto, cuando la no comparecencia se produzca por razones de conveniencia, cuando no fraudulentas, dirigidas a impedir la homologación solicitada por el cónyuge de buena fe.  Señala Bonet Navarro que “(E)s injusto que, seguido un proceso canónico ante un Tribunal con sede en España que ha citado adecuadamente al demandado y éste ha rehusado comparecer situándose en calidad de rebelde, el actor, una vez terminado el proceso, vea frustrado su derecho de reconocimiento porque quien entonces fue demandado rebelde, sale de su apatía para comparecer en el juicio de reconocimiento y manifestar un gran interés, alegando que esa sentencia no tiene valor alguno en España porque es fruto de un proceso que se siguió en rebeldía contra él. El fraude es completo” [“Comentario a la Disposición Adicional 2ª”, en VV. AA. Matrimonio y divorcio. Comentario al Título IV del Libro I del Código civil, coord. Lacruz Berdejo, Civitas, Madrid, 2ª ed., 1994, pág. 1414]. Es más, se produciría un doble fraude “a su consorte —a quien el ordenamiento también debe proteger— y al mismo Estado que la he permitido acudir a la jurisdicción no estatal. El fraude al Estado radicaría en dejar el juicio de reconocimiento, del que es árbitro, en manos de aquel cónyuge que con su conducta irregular conocería de antemano el resultado del juicio de eficacia” [López Alarcón y Navarro-Valls, op. cit., pág. 741).

Hasta el año 2002 parecía jurisprudencia uniforme tanto para el exequatur de sentencias extranjeras como para el de las canónicas, la consideración de que en ninguno de estos casos existe rebeldía impeditiva de la homologación, pues como se decía en la STC 150/1999, de 14 de septiembre, “la recurrente pudo intervenir en todos los trámites de nulidad canónica, ha conocido su desarrollo en todo momento y ha seguido la conducta procesal que ha estimado más conveniente” [en el mismo sentido, STC 43/1986 y Autos TS de 17 de febrero y 23 de junio de 1998, y 28 de diciembre de 1999].

Sin embargo, la STS de 27 de junio de 2002, por ahora aisladamente, mantiene un criterio contrario en este punto, dotando de efectos impeditivos de la homologación, a la rebeldía por razones ideológicas o —y esto es lo más radical— “por su interés”: “…no se puede obligar a nadie…a que se atenga a las consecuencias de una resolución canónica, cuando voluntariamente no quiere someterse al proceso canónico matrimonial de que la misma es consecuencia, ya sea por sus convicciones o, incluso, por su interés” [comentada por Cañamares Arribas en “La rebeldía en el proceso canónico y su proyección sobre el reconocimiento de efectos a las sentencias eclesiásticas. Consideraciones acerca de la sentencia 644/2002, del Tribunal Supremo de 27 de junio”, Aranzadi civil, 2002, págs. 2571 a 2595, donde se encuentra cumplida referencia al status quaestionis de la materia].

Tal admisión no encuentra en ninguno de los dos casos apoyo normativo en nuestro sistema actual, según Barber Cárcamo [cfr. su monografía La eficacia civil de la nulidad canónica posterior al divorcio, Tirant lo blanch, Valencia, 2005, págs. 27 a 29], y además se separa de la dirección marcada por los Reglamentos del Consejo de la Unión Europea 1347/2000 y el que actualmente lo sustituye 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, que circunscriben el concepto de rebeldía —a los efectos impeditivos de que hablamos— a la forzosa.

Es evidente que no merecen el mismo juicio los motivos ideológicos que los de mero interés o por supuesto, los fraudulentos. Los primeros —los ideológicos, en los que parece estar pensando la STS de 2002— son sin duda acreedores de una mayor protección, pero no necesariamente a través de la producción del efecto no homologatorio. Y es que, tal y como certeramente observa Barber Cárcamo, la misma libertad religiosa que el TS invoca en esta sentencia para el no compareciente, puede quedar violentada para el cónyuge que, en coherencia con la decisión tomada al contraer matrimonio y conforme a la protección civil dispensada a dicha decisión, desea someterse también en el momento extintivo a las normas que conformaron su constitución. Trae a colación esta autora dos Autos de Audiencias Provinciales del año 2003 muy explícitos, que confirmando la línea mayoritaria que circunscribe los efectos de no homologación a la rebeldía forzosa, resaltan el carácter por ahora aislado de la divergente sentencia aludida: “a tal respecto ha de significarse que la STS de 27 de junio de 2002 (RJ 2002, 5709) por sí sola no crea jurisprudencia” [Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, de 16 de octubre de 2003, FJ cuarto]. Ciertamente, al contraer matrimonio canónico ambas partes quedan en principio sometidas a la jurisdicción canónica, de forma que alegar en el momento extintivo que tal jurisdicción no es competente, parece ir contra los propios actos. Ahora bien, esto ha de conjugarse con la libertad ideológica y religiosa, que puede justificar un cambio de posición ideológica o religiosa posterior a la celebración del matrimonio.

Por ello, Garcimartín Montero sugiere que habría que demostrar que la homologación de la sentencia canónica vulnera la libertad religiosa de quien se opone a ella, para evitar actitudes de obstrucción que más obedecen a la mala fe que a una verdadera defensa de las propias convicciones religiosas. Pero añade que, aun demostrando tal vulneración, la defensa de la libertad religiosa de la parte que se opone, choca con la libertad religiosa de la parte que la solicita, que movida también por sus convicciones, acude a los tribunales canónicos, y no a los civiles, de manera que, en el caso de que se denegara la homologación, sería la demandante de homologación la que quedaría desprotegida en su derecho. Para conciliar ambos intereses propone que “si una parte solicita la homologación de una resolución canónica y el otro, en el ejercicio de su libertad ideológica o religiosa se opone a ello —con reserva, por tanto, del ejercicio de la acción civil— el demandante debe acudir a un nuevo proceso ante los tribunales civiles en el caso de que el demandado no lo haga, con la carga que ello supone. Entendemos por eso, que para que pudiera concederse eficacia obstativa a la rebeldía por convicción, habría de exigirse a quien no comparece que acredite haber presentado la demanda de nulidad ante la jurisdicción civil, quedando garantizada, de esta manera la libertad religiosa del demandado, y la protección en sus legítimas pretensiones de la parte demandante” [cfr. Garcimartín Montero, op. cit., pág. 342 y ss.; por el contrario, y en apoyo de la línea representada por la STS de 27 de junio de 2002, por considerar que no se puede obligar a nadie a comparecer en un tribunal confesional por motivos de conciencia, Rodríguez Chacón, “Reconocimiento de sentencias y resoluciones canónicas. (Una importante sentencia del Tribunal Constitucional”, ADEE, V (1989), pág. 255 y Guzmán Zapater, op. cit. pág. 2152].

Todo ello sin olvidar que los motivos ideológicos no siempre son tales, sino que pueden encubrir un mero interés o incluso una intención dolosa. Ahora bien, es evidente que este peligro por sí solo no debería impedir la admisión de dichos motivos: siempre se podría recordar que es labor del juez la búsqueda de la verdad material sobre este punto.

Dos breves apuntes, antes de pasar al análisis de la siguiente condición. El primero es que al margen de lo visto, en el estricto ámbito del Derecho canónico se considera que la mera presencia de la figura del defensor del vínculo en este tipo de procesos es suficiente para garantizar cuanto menos, el contradictorio procesal [cfr. Ferrer Ortiz, “Comentario al art. 80”, cit., pág. 813]. El segundo, que técnicamente diferenciada de la ausencia de parte a la que acabamos de hacer referencia (correspondiente al concepto de rebeldía), se halla la oposición al reconocimiento. La Disposición Adicional 2ª de la Ley 30/1981 contenía, como requisito para conceder la eficacia en el ámbito civil, la exigencia de la no oposición a la ejecución civil; ello, como ha recordado Ferrer Ortiz, no estaba previsto en el Acuerdo sobre asuntos jurídicos ni el el Código civil, que se limitan a decir que la petición de eficacia civil se realizará a solicitud de cualquiera de las partes, y en la práctica supuso un recorte al reconocimiento del matrimonio. Aunque en sede doctrinal no hubo unanimidad sobre como resolver el conflicto, ni tampoco sobre como evitar el fraude, los Tribunales civiles realizaron una importante labor al respecto. En un primer momento se consolidó la tendencia a conceder el reconocimiento en todos los casos en los que no hubiere oposición de ninguna de las partes y, a la inversa, denegando la pretensión de eficacia civil cuando concurriese la oposición de una parte, lo cual otorga a la oposición auténticos “efectos paralizantes”. En un segundo momento, la jurisprudencia exige que la oposición sea razonable y fundada, y en consecuencia, no automáticamente obstativa a la eficacia civil, cada vez que la parte que opone haya podido hacer valer sus derechos en todos los trámites del procedimiento de nulidad canónica (STC 150/1999, de 14 de septiembre, FJ 3º) [cfr. Ferrer Ortiz, “Régimen jurídico del matrimonio canónico en España”, Almogarén, nº 36, junio 2005, págs. 264 y 265 y Guzmán Zapater op. cit., págs. 2149 y ss.]. La derogación de la DA 2ª de la Ley de 1981, efectuada por la LEC 2000, hace que desaparezca formalmente esta exigencia con todos sus problemas, centrándose ahora la legislación procesal en el importante punto de la solicitud o no de modificación de medidas. La homologación seguirá un cauce procesal u otro según la demanda de reconocimiento civil incluya o no la adopción o modificación de medidas. Si no se solicita una u otra, la decisión homologatoria se desvincula por completo de la eventual oposición que pudiera formular el demandado. Bajo la regulación procesal vigente, ni siquiera una oposición razonada obligaría al juez a pronunciarse en contra del reconocimiento, por más que pudiera preconizarse la posibilidad de denegar el ejuste si hubiera una oposición sólidamente razonada del demandado [cfr. Navarro-Valls, “El matrimonio religioso”, en VV.AA. Derecho Eclesiástico del Estado, Eunsa, Navarra, 5ª ed., 2004, págs. 312 y ss.]

3. La LEC exige, en tercer lugar que “3ª. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España”.

Este requisito de que sea lícita en España se refiere a que la sentencia no contradiga el orden público, por lo que me remito a lo ya apuntado anteriormente. Añadiré ahora que esta identificación, según Navarro-Valls, supone que el único efecto que obtendría aquí la reserva de orden público sería la de evitar que la sentencia de nulidad canónica contradijese situaciones ya consolidadas en el ámbito civil. Situación que se produciría, por ejemplo, en la sentencia de nulidad canónica dictada por existencia de impedimento canónico no dispensado canónicamente, pero sí civilmente; o en aquella otra que decidiera la nulidad de un matrimonio canónico ya declarado nulo o disuelto civilmente; o bien, que declarara válido por la vía del recurso de revisión canónica un matrimonio canónico cuya nulidad ya se ejecutó anteriormente [cfr. Navarro-Valls, “El matrimonio religioso”, cit., págs. 314 y 315].

4. Por último, la cuarta de las condiciones o circunstancias a las que alude el art. 954 es “Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieren para que haga fe en España”. Se trata aquí del examen de legalidad formal que ha de hacerse según la legislación canónica y española (arts. 600 y 601 LEC). Es decir, ha de comprobarse que la sentencia tiene los requisitos exigidos por la legislación canónica para ser considerada como auténtica, y su condición de ejecutiva; para ello, basta con que sea doble sentencia conforme de nulidad dictada en proceso ordinario por Tribunal eclesiástico competente o bien de una sola sentencia de nulidad recaída en proceso documental, o de una sentencia de nulidad confirmada por decreto.

No debe pasar inadvertido el hecho de que, en la sentencia que estamos analizando, la declaración canónica de nulidad matrimonial homologada en el ámbito civil, recae sobre un vínculo ya disuelto previamente por divorcio.

La sentencia no aborda ninguna cuestión relativa a este punto concreto, ni a los efectos civiles secundarios de la declaración de nulidad (distintos de los relativos al vínculo en sí) ni se plantea ningún conflicto con los posibles efectos civiles de la sentencia de divorcio. Sin embargo, podemos hacer unas reflexiones, siquiera brevísimas, sobre los problemas que acabo de describir.

Son dos los prismas desde los que se puede analizar esta cuestión. Uno, el de abstracta técnica jurídica, que nos enfrenta con la articulación de ambas declaraciones: nulidad y disolución. Otro, centrándonos en la materia concreta sobre la que el conflicto se suscita, el alcance de los efectos de la homologación, en especial, respecto a los efectos de las decisiones judiciales civiles y sus efectos.

Desde el punto de vista técnico, la declaración de nulidad de un vínculo ya disuelto no plantea actualmente especiales reticencias en el ámbito matrimonial. Ciertamente hubo, en los trabajos preparatorios de la reforma del Código civil en este punto, quien propuso excluir esta posibilidad, y no sólo en el caso de divorcio, sino incluso en el de muerte o declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges. No se impuso esta opinión, y para fundamentar la contraria se arguyó, entre otras razones, que la imprescriptibilidad de la acción de nulidad permite su ejercicio incluso tras la muerte de los cónyuges, o tras haberse dado otra causa disolutoria del matrimonio como el divorcio, persiguiendo entonces la declaración de que realmente fue nulo un matrimonio que ya no existe, lo que tiene esenciales diferencias en el plano jurídico y económico [cfr. por todos,  Gete-Alonso, en Comentarios a las reformas del Derecho de familia (Amorós Guardiola, coord.), Tecnos, Madrid, 1994, pág. 393].

Se podría plantear como óbice el alcance de la identidad del objeto en relación a la cosa juzgada. Es claro que si la sentencia civil anterior fuera de nulidad matrimonial habría tal identidad, pero en el caso del previo divorcio no parece existir tal identidad, pues el juez civil consideró existente tal vínculo y procedió a su disolución y lo que se pretende posteriormente es precisamente declarar que tal vínculo no existió. Aparte, claro está, de que los efectos tampoco son idénticos.

En efecto, la diferente entidad de las situaciones que afectan al vínculo determinan a su vez consecuencias distintas. Pensemos que el divorcio —por ceñirnos a este supuesto— despliega sus efectos ex nunc, lo cual se manifiesta en el ámbito patrimonial, en el sentido de que la pensión compensatoria del art. 97 CC tiene en cuenta el empeoramiento que en el futuro se producirá en la posición económica de uno de los cónyuges. En contraste, la eficacia retroactiva de la declaración de nulidad lleva aparejada la indemnización de los posibles perjuicios que del matrimonio se hubieran derivado para el cónyuge de buena fe. Tal indemnización se halla prevista, como es sabido, en el art. 98 CC, pero como certeramente advierte Barber Cárcamo (con cita de Ruiz Rico) no incluye las consecuencias generadas ad futurum por la declaración de nulidad —por ejemplo, el descenso de nivel de vida mantenido durante el matrimonio— que a lo sumo resultarían indemnizables, por la vía del 1902 CC. Ello le lleva a propugnar de lege ferenda un tratamiento uniforme de nulidad, separación y divorcio, que por otra parte, es la tendencia advertida en muchas resoluciones judiciales analizadas por la autora [Barber Cárcamo, op. cit., págs. 42 y 43].

Retirados los efectos civiles de un matrimonio canónico por virtud de la sentencia de divorcio, las razones que empujen a los cónyuges a solicitar con posterioridad (o paralelamente, pero con efectos más tardíos) la declaración de nulidad canónica y su posterior homologación civil, pueden ser variadas, pero principalmente serán de dos tipos.

La primera y más evidente, es la posibilidad de celebración de un nuevo matrimonio canónico con efectos civiles. No hay duda de que se podría contraer un nuevo matrimonio civil, pero al menos en teoría, las mismas razones que empujaron a contraer inicialmente un matrimonio religioso llevarían a recurrir a esta vía a la hora de contraer otro posterior. Por eso, no se puede alegar sin más que la petición de nulidad posterior al divorcio suponga necesariamente ir contra los propios actos, pues puede tener esta concreta y diferente finalidad, especialmente si la insta quien no solicitó el divorcio. La solicitud de homologación civil de la sentencia canónica de nulidad y su correspondiente constancia registral es oportuna, a mi juicio, para mantener la coherencia del sistema: recordemos que a efectos canónicos, con el divorcio se retiran los efectos civiles previamente reconocidos, pero no, evidentemente, los canónicos. Si posteriormente se desea inscribir en el Registro los efectos civiles de un nuevo matrimonio canónico, lo coherente, a la vista del sistema actual, es que haya una constancia completa en el Registro de la retirada, también canónica, de los efectos de ese matrimonio que en realidad era nulo [sobre la inscripción del matrimonio canónico en el Registro civil y la constancia de la declaración de nulidad mediante inscripción marginal, cfr. por todos, Durán Rivacoba, La inscripción en el Registro civil del matrimonio canónico, Montecorvo, Madrid, 1988, especialmente, págs. 297 y ss.]. Aparte de que conceptualmente, nulidad y disolución sean institutos diferentes y así deba quedar reflejado en el Registro: que el matrimonio en realidad no existió y no sólo que quedó disuelto.

La segunda, no es tan inocente, y de ella se ha ocupado extensamente la jurisprudencia y la doctrina, aunque aquí solo daré noticia sintéticamente por no plantearse este tema en la sentencia comentada. Es sabido que en ocasiones se trata de utilizar la declaración de nulidad con la espuria finalidad de privar al excónyuge de la pensión compensatoria fijada por el divorcio, sustituyéndola por una indemnización ex art. 98 CC que se supone que es menos gravosa. A estos efectos es representativa la STS de 5 de marzo de 2001 (RJ 2001/2727) [comentada por Moro Almaraz en CCJC, octubre-diciembre 2001, págs. 715-731], El TS, citando sentencias anteriores como la de 24 de septiembre de 1991, dice que “En realidad, corresponde al Juez de la ejecución determinar, según las peticiones de las partes y el ámbito objetivo de la misma ejecutoria, el alcance concreto de los efectos dimanantes del juicio de homologación, sin que se desvirtúen los derivados de sentencias firmes anteriores, dictadas por la jurisdicción civil sobre la crisis matrimonial en cuestión” (FJ 3º). Aludiendo a otros supuestos, donde había precedido una sentencia de divorcio a la de nulidad, se establece, con acertado criterio, que el conflicto jurisdiccional entre la sentencia firme de divorcio con sus consiguientes efectos económicos, y una sentencia firme de nulidad canónica, cuyos efectos civiles también fueron reconocidos y fijados ha de resolverse manteniendo los efectos acordados en la sentencia de divorcio ya que la existencia de una sentencia firme de nulidad canónica y el subsiguiente reconocimiento de sus efectos civiles, no puede estimarse como “cambio sustancial” de circunstancias, para dejar sin efecto lo acordado en la sentencia firme de divorcio. Concluye el TS en la sentencia de 2001 que “(L)legar por este solo hecho a la solución contraria sería tanto como otorgar a la Jurisdicción canónica efectos de prevalencia civil sobre los jueces y Tribunales del Estado, hecho que impide en absoluto el principio de exclusividad jurisdiccional” (FJ 4º).

En la excelente monografía de la profª. Barber Cárcamo se propugna, como ya he dicho, una reforma que, unificando los efectos de separación, nulidad y divorcio, evite disfunciones como las que con mayor o menor fortuna —aunque siempre con la mejor de las intenciones— tratan de ser resueltas en sentencias como las que acabo de citar. Y digo que con desigual fortuna, porque, como aclara la autora, no deja de ser paradójica desde el punto de vista técnico, la admisión en el orden civil de una nulidad carente de los efectos de tal, por incapaz de extinguir los del divorcio previo.

En esta línea se ha utilizado el recurso del matrimonio putativo para defender al subsistencia de la pensión compensatoria como efecto ya producido del matrimonio, pero no sólo en cuanto a las cantidades ya devengadas, sino como fuente de ingresos en el futuro. También se puede apoyar en el reparto de materias entre las distintas jurisdicciones, expuesto en la sentencia que acabo de citar: la jurisdicción eclesiástica sólo se puede pronunciar —con efectos civiles— sobre el vínculo, pero no sobre efectos económicos [lo que por otra parte, queda señalado en el propio CIC en el canon 1059: “El matrimonio de los católicos, aunque sea católico uno solo de los contrayentes, se rige no sólo por el Derecho divino sino también por el canónico, sin perjuicio de la competencia de la potestad civil sobre los efectos meramente civiles del mismo matrimonio”]. De todas formas, se evitarían muchos de los problemas si, saltadas las barreras dogmáticas se prescindiera de la duplicidad de figuras existentes en los arts. 97 y 98 CC respectivamente, y se optara por un único tipo de pensión compensatoria al cónyuge que vea perjudicada su situación económica tras la separación, nulidad o divorcio. Esta es la solución que estaba en la base del razonamiento de muchos pronunciamientos de la jurisdicción laboral, cuando a lo largo de estos años, ha ido concediendo la pensión de viudedad a cónyuges cuyo matrimonio había sido declarado nulo, por analogía con lo dispuesto en la DA 10ª de la Ley 30/1981, que preveía lo propio para los cónyuges separados o divorciados. En este sentido, el art. 174 del TRLGSS (modificado en este punto por Ley 66/1997, por Ley 50/1998 y por Ley 24/2001 , de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social) realiza también una notable labor de igualación al prever de modo similar a los supuestos de separación o divorcio, que “En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá al superviviente respecto del que no cupiera la apreciación de mala fe y siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias, en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante”. También es la solución por la que ha optado el Código de Familia catalán en su art. 84.

Como puede verse, estas cuestiones sólo han quedado apuntadas, aunque dan pie a interesantes reflexiones que afectan a diferentes sectores de nuestro ordenamiento. También se han dejado fuera, de intento, otros casos como el comentado por Jaime Bonet Navarro en “Nulidad del divorcio de matrimonio previamente declarado nulo por la jurisdicción canónica (STC 6/1997, de 13 de enero)”, Bonet Navarro, J., Revista Internauta de Práctica Jurídica, nº1, enero-abril, 1999).

El valor de la sentencia que hemos comentado es, como decía al principio, el de un nuevo pronunciamiento, que con la perspectiva de casi 25 años tras la modificación del Código civil y una importante reforma en ciernes [cuando se dicta la sentencia la tramitación parlamentaria de la reforma operada por las Leyes 13 y 15/2005 se halla muy avanzada] mantiene la línea prácticamente uniforme de la jurisprudencia sobre eficacia civil de las resoluciones canónicas.

Notes de base de page numériques:

1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación BJU 2002-01178, “Ineficacia e invalidez de los actos jurídicos”, dirigido por el Prof. Delgado Echeverría y financiado al cincuenta por ciento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los fondos FEDER.

Pour citer cet article :

Sofía de Salas Murillo. «Nulidad canónica de matrimonio. Ajuste al Derecho estatal. STS 23 de marzo de 20051». principal, NUL. Comentarios de SentenciasNulidad de los actos jurídicos
document.php?id=144
affiliation : Universidad de Zaragoza
fonction : Profª Titular de Derecho civil
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